
En Ecuador, los siniestros viales no solo se traducen en vidas perdidas, lesiones y discapacidad; también representan una presión creciente sobre el sistema sanitario y un alto costo para el país. En el marco del Mes Mundial de la Salud, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en seguridad vial hacen un llamado urgente a reconocer esta problemática como una prioridad de salud pública, prevención y gestión estatal.
Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 se generaron como producto de siniestros de tránsito, lo que las ubica como la segunda causa de atención en la red pública de salud, solo después de los eventos clínicos. La tendencia se mantiene ya que, en el 2025, estas atenciones representaron el 26%.
“Lejos de ser un tema que parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado. No se trata de hechos aislados en las carreteras, sino de eventos prevenibles que trasladan una enorme presión a hospitales, centros de salud, personal médico, servicios de emergencia y presupuestos públicos”, señaló Gladys Meléndez, vocera de la Coalición Movilidad Segura.
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de USD 280 millones anuales. De ese total, USD 201 millones (70 %) corresponden a atención médica —a través de la Red Pública Integral de Salud y la red privada complementaria—, mientras que USD 61 millones se destinan a compensaciones, pensiones y transferencias, y USD 18 millones a costos administrativos públicos.
La siniestralidad vial sigue mostrando una dimensión alarmante en el país. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20.346 siniestros viales, que dejaron 17.932 personas lesionadas y 2.354 fallecidas en el lugar del siniestro. A ello se suma que 10 provincias (Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Tungurahua, Manabí, Azuay, Los Ríos, Santa Elena y El Oro) concentraron el 90,05% de los siniestros a escala nacional, lo que evidencia una alta concentración territorial del problema.
“Los siniestros viales no solo ocurren en las vías: también se atienden en salas de emergencia, quirófanos, camas hospitalarias y procesos de rehabilitación que pueden extenderse por meses o años. Por eso, hablar de seguridad vial es también hablar de salud pública, de uso eficiente de recursos y de protección a las familias ecuatorianas”, agregó Meléndez.
La información levantada para enero de 2026 muestra, además, que la mayor concentración de atenciones médicas y eventos por siniestros viales se registra en Quito, Guayaquil, Tungurahua, Chimborazo, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos y Azuay, lo que evidencia la necesidad de respuestas focalizadas en los territorios con mayor carga sanitaria y mayor recurrencia de estos hechos.
“Invertir en seguridad vial también es invertir en salud. Reducir los siniestros significa salvar vidas, evitar lesiones graves y liberar recursos del sistema sanitario que hoy deben destinarse a atender una crisis prevenible. En este Día Mundial de la Salud, el llamado es a que la seguridad vial sea tratada como una prioridad de salud pública, con acciones integrales de prevención, control, fiscalización, educación y fortalecimiento de la atención post siniestro”, concluyó Meléndez.